Tres pibes que renacen como tigres
Nahuel Salvatierra, Luciano Nahuel Arruga y Rafael Nahuel, son ejemplos de abuso de las fuerzas de seguridad hacia los pibes de los márgenes. Tres casos emblemáticos que se enlazan por su nombre Nahuel, tigre en lengua Mapuche.
Por Facundo Sinatra Soukoyan
Una realidad latente recorre el territorio de norte a sur y resulta una de las grandes deudas del periodo democrático: la violencia de las fuerzas de seguridad hacia los pibes que conforman los márgenes, conurbanos o periferias de las ciudades. Algunos de estos casos terminan en asesinatos que ponen en tapa una realidad que se intenta ocultar. Pibes y pibas conviven cotidianamente con abusos de autoridad y poder, donde reasultan escasas las posibilidades de denunciarlas y visibilizarlas.
La CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) lleva adelante la recopilación de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, un relevamiento que comenzó en 1992. Los informes anuales que la Coordinadora emite, confirman una selectividad dirigida a la edad de las victimas además de un claro recorte de clase. Entre 1983 y 2020 se contabilizaron 7587 casos, siendo la franja etarea hasta 25 años la mas afectada, ya que conforma un 44.5%. Si a esto se le agrega la porción hasta 35 años, se llega al 64% del total de situaciones recabadas en democracia.
Sergio “Cherco” Smietniansky es abogado especialista en DDHH. Fue militante de CORREPI y hoy integra CADeP, Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Su experiencia en la lucha junto a causas sociales le permite hacer una semblanza del carácter discrecional de la represión: “Así como en la dictadura la represión no era masiva, sino que era direccionada básicamente a las organizaciones y militantes que planteaban el cambio social, con el advenimiento de la institucionalidad, ese enemigo real se va a desplazar al enemigo potencial (…) La represión policial tiene una direccionalidad, ¿Cual es esa direccionalidad? los pobres en general y los jóvenes en particular”, afirma Smietniansky y continúa: “Esos jóvenes son el enemigo potencial, aquella mano de obra que sobra y que potencialmente es el sector con más posibilidades de rebelarse. Esto explica porque cuando uno agarra los listados, son pibes jóvenes de barrios humildes”.
En el Norte
Nehemías Nahuel Salvatierra tenia 17 años. Vivía en el barrio Solidaridad, periferia de la ciudad de Salta. La noche del 3 de enero de 2018 se encontraba en la esquina de su casa junto a unos amigos cuando una moto de la policía irrumpe en la escena. Dobla en U y comienza a dispersar un supuesto entredicho de bandas opuestas. Las amenazas de los policías, arma en mano, son enfrentadas verbalmente por los pibes. Uno de los uniformados acciona el gatillo y termina con la vida de Salvatierra.
Norma Santillán es vecina de la familia y resultó una figura clave en la organización por el pedido de justicia. Aquel día fue una de las primeras personas que se hizo presente en la escena. No podía creer lo que veía, pero pudo sacar algunas conclusiones: "La rivalidad de los pibes con la policía es porque la policía busca a los pibes (…) Cuando ellos están en la esquina, viene la policía y, como tienen una pistola, se creen que tienen el derecho a basurear". Santillán se indigna ante el cotidiano hostigamiento. Afirma que el espiral de violencia crece día a día y reconoce en las fuerzas de seguridad gran responsabilidad a la hora de pensar posibles soluciones.
Cuando el asesinato de Salvatierra, Norma personalmente fue a hablar a la comisaría para que haya una tregua. Ni siquiera en el momento de mayor dolor se logró una pausa, “cuando fuimos al cementerio a enterrarlo la policía estaba muy agresiva (…) inclusive al regreso tuvimos que trabar la puerta de la casa porque la policía quería entrar. Tenían rencor hacia los chicos por que nosotros pedimos justicia".
Norma conoce cabalmente la realidad de los márgenes de la ciudad de Salta, donde cotidianamente pone el pecho a la realidad. Lleva adelante, junto a su hijo, un comedor y merendero llamado la "La ranchada", nombre del grupo al que pertenencía Nahuel.
En el centro
A escasas cuadras de la Capital Federal, en el barrio de Lomas del Mirador, creció Luciano Nahuel Arruga. Nacido un 29 de febrero de 1992 pasó sus días en el barrio 12 de octubre mientras jugaba y soñaba a la par de sus amigos en la plaza República Argentina.
De familia humilde, sufrió la matriz patriarcal y machista de la sociedad cuando su padre abandona el hogar dejando a Mónica, mamá de Luciano, al frente de la familia. Desde temprana edad el joven Arruga tuvo que asumir grandes responsabilidades.
Un día en que Luciano se encontraba en la plaza del barrio, es tentado por el sistema policial para ser reclutado y robar para ellos. "Con su sabiduría popular y con su ética villera dice que no, que no va a robar, que va a seguir ‘cartoneando’ para que no le falte un plato de comida a sus hermanitos", comenta Pablo Pimentel, abogado referente de Derechos Humanos que acompaña a la familia de Luciano desde un primer momento.
"La adolescencia es una etapa en que a todos nos cuesta ir asomando la cabeza a un mundo en el cual vemos si tenemos lugar o no. Algunos podemos estudiar el secundario o en la universidad, otros cuando asoman la cabeza, se la cortan. Luciano es producto de esa marginalidad que viven los adolescentes de barrios populares de los distintos conurbanos de la argentina", afirma Pimentel.
Arruga fue visto por ultima vez el 31 de enero de 2009 y permaneció desaparecido por mas de 5 años por negarse a robar para la policia. Su cuerpo fue encontrado enterrado como NN el 17 de octubre de 2014. La aparición solo fue posible gracias al incansanble trabajo del autodenominado grupo “Familiares y Amigos de Luciano Arruga”, que nunca cesaron en la búsqueda y el reclamo.
“El caso de Luciano Arruga marcó un antes y un después en la vida del joven villero de la Argentina”, sentencia Pimentel y agrega: “Lo de Luciano quedó como un un hecho histórico. Sirve para las academias a estudiar desde el punto de vista sociológico y antropológico lo que sucede con los chicos pobres, pero no sirvió para producir políticas que cambien la cultura represiva de las fuerzas de seguridad”
En el Sur
El 25 de noviembre de 2017, Rafael Nahuel Salvo era asesinado por un efectivo del grupo Albatros, fuerza especial de Gendarmeria Nacional. Rafita, como lo conocían en el barrio, tenía 21 años y se encontraba en una recuperación territorial Mapuche, raíz ancestral que llevaba en las venas y venía resurgiendo en él hace años.
Su anhelo en la recuperación, le contaba a sus amigos, era tener una pequeña casa, conejos y, si era posible, un caballo. Amaba los animales y deseaba poder cumplir su sueño en aquellas tierras habitadas ancestralmente por su pueblo.
Al mismo tiempo, Rafa veía en la recuperación territorial una manera de escapar al destino de sueños cortos que pareciera marcado para los pibes y las pibas de los barrios “altos” de Bariloche.
Rubén Marigo es presidente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de Bariloche. Forma parte de la querella en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel y acompaña a la familia. Hace un relato de la realidad barilochense que pocos observan: "El 40% de la gente que vive en Bariloche vive en los barrios altos, en los barrios marginados, y siempre han sido carne de cañon de la represión y la violencia policial". Realidad oculta de una ciudad que apunta al turismo de los lagos y la nieve, dando la espalda a los habitantes originarios, en muchos casos migrantes internos de la provincia, que sirven como mano de obra barata.
Los pibes de los márgenes ocupan el lugar de chivo expiatorio, la válvula de escape de una sociedad polarizada. "Por portación de cara y de clase, los chicos de los barrios altos no pueden bajar al centro. No son los rubios de ojos claros los que están en las cárceles de Bariloche, hay una clara diferencia. Y lo mismo pasa en las calles: a quien se para, a quien se le pide documentos, a quien se los considera sospechoso", y Rafa era parte de aquellos pibes.
Marigo hace énfasis en lo que podrían a llegar a ser soluciones de aquel problema: "Hay algunas cuestiones fundamentales que discutir: la violencia institucional, la reforma de las leyes de seguridad, cambiar una policía de represión por una prevención discutiendo seriamente que es la seguridad y por ultimo, el 40 % de pobreza. Son deudas muy grandes de la democracia”
Como tigres
La visibilización de cada uno de estos casos no fue casual, sino que obedeció a las redes de organización que lograron sostener el pedido de justicia y esclarecimiento. No solo los medios independientes cubrieron las noticias, sino que inclusive se lograron instalar en los medios hegemónicos durante un tiempo sostenido. Cada uno de estos hechos, con sus particularidades y regionalidades, no dejó de sufrir (y sigue sufriendo) estigmatizaciones, falsedades y tergiversaciones de todo tipo.
Sergio Smietniansky recuerda a León “Toto” Zimerman, quien fuera referente ineludible en materia de defensa contra la violencia de los aparatos represivos: "León viene a escupir el sueño ochentista del Nunca Más, porque plantea que en el periodo institucional se siguen violando los DDHH". El mismo Zimerman es quien acuña el termino "Gatillo fácil", frase que viene resonando hace tiempo en las barriadas y continua con peligrosa vigencia.
El "detrás de cada gorra, hay un pibe con su historia", no es solo una afirmación de quienes se organizan para pelear a diario contra la violencia de clase ejercida desde la fuerzas de seguridad y los estamentos judiciales. Aquella frase sintetiza el reclamo ante la mirada esquiva de una sociedad que excluye en sus prácticas a una gran porcion de la población, en particular, a los jovenes de los márgenes.
El nombre Nahuel atraviesa transversalmente las vidas de estos tres pibes, y sus historias cruzan de norte a sur el territorio. Como tigres, despiertan y rugen para sacudir a la sociedad del letargo.
https://www.pagina12.com.ar/332233-tres-pibes-que-renacen-como-tigres
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En 1987 la Bonaerense asesinó a tres pibes en el humilde barrio. La Masacre de Budge detonó el primer caso de movilización barrial, logró la condena de los tres policías fusiladores y bajó el umbral de tolerancia a la impunidad.
Por Carlos Rodríguez
“Lo que nos pasó fue un ejemplo para muchos barrios. Ahora nadie se calla, todos denuncian, pero a nosotros nos costó mucho llegar a la Justicia.” Sentado en el comedor de su casa de Figueredo al 1800, con los ojos cansados de ver injusticias a sus 82 años de vida, don Antonio Olivera habla y camina lento, pero se mantiene firme. Es el padre de Agustín Olivera, asesinado por policías bonaerenses cuando tenía 26 años junto con sus amigos Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañaraz, de 24. Los tres fueron las víctimas de la Masacre de Ingeniero Budge, de la que este martes se cumplen veinte años. “En esos años (se refiere a los anteriores a 1987) era común ver cadáveres por acá, cuando amanecía. Una vez, a mitad de cuadra, apareció un cuerpo. Como tantos curiosos, me fui con la gente a mirar. No sé de quién era el cadáver. La gente comentaba: ‘Lo mató Balmaceda’. Y otro enseguida decía: ‘Si lo mató Balmaceda no se puede hacer nada, hay que dejar todo como está’.” El suboficial de la Bonaerense Juan Ramón Balmaceda fue el artífice del fusilamiento de los tres amigos. Por el crimen fueron condenados a 11 años de prisión Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero. Los tres estuvieron prófugos (ver aparte). María del Carmen Verdú, de Correpi, sostuvo que Budge fue “la primera experiencia de organización barrial para exigir justicia en un caso de violencia represiva”.
En la esquina de Figueredo y Guaminí, frente al paredón donde fueron fusilados los tres chicos, un monolito, modesto como el barrio, recuerda a los tres pibes. “Lo que nos pasó venía de hacía rato. No fue solamente con nosotros. Lo que no entiendo es por qué la gente se callaba tanto.” En el comedor de la casa familiar donde Olivera conversa con Página/12, el recuerdo de Agustín preside la charla desde una foto que lo muestra acariciando una pelota de fútbol con su pie derecho. “Era arquero”, aclara el padre, cuando alguien menciona cierto parecido físico con Diego Maradona, que vivió en el vecino barrio de Fiorito.
“Mi pibe y todos los muchachos, los compañeros de él, los amigos, se reunían en una canchita de acá cerca, la del club Lucero, al lado de la vía (del tren Belgrano Sur que une Merlo con Puente Alsina). Cuando ellos ganaban un partido, venían a celebrar acá, en frente de mi casa o en la esquina”, donde ahora está el monolito. “Eran un montón sentados en el banco (frente a la casa) y en la vereda. El señor... ¿qué señor? Se me escapó la palabra”, rectifica Olivera. “Ese sinvergüenza de Balmaceda, ese criminal, ese asesino, era muy nombrado en la zona. Era muy manguero...”
–Querrá decir coimero –sugiere este diario, con un toque de malicia.
Olivera, que nunca utiliza palabras fuertes, asiente con la cabeza y sigue relatando las andanzas de Balmaceda previas al triple crimen. “Cuando los chicos se juntaban, el tipo, el sinvergüenza, mandaba a algún colega de él para verificar si estaban y después venía Balmaceda. Se los llevaba presos a todos. Les sacaba los documentos, pero nunca llegaban a la comisaría. Antes los empezaba a manguear, les sacaba plata y los mandaba de vuelta. Pasado un tiempo, volvía y hacía el mismo trabajo. A mi pibe, una vez, cuando había llegado recién del trabajo, se lo llevó esposado. Mi finada esposa (Mercedes) le preguntó por qué hacía eso y él le contestó que era una razzia. Y se lo llevó injustamente.”
Las manos de Olivera se encrespan con los recuerdos. El, junto con Ramona Quintero, madre de Oscar Aredes, son los únicos dos padres que siguen vivos. “Balmaceda era el rey de Ingeniero Budge, pero después tuvo que andar como los perros, con la cola entre las patas.” Una vez, por medio de una persona conocida del policía, a don Olivera le llegó un mensaje de condolencias del policía: “Un colega de él me dijo que estaba muy arrepentido por lo que hizo, que se había equivocado, que estaba buscando a otras personas y que las confundió” la tarde en la que asesinó a tres chicos desarmados que charlaban en una esquina.
“Yo creo que todo eso es mentira. Ellos estaban sentados ahí y sin hablar palabra, cuando llegó, ahí nomás... (hace un gesto dando a entender que fue un fusilamiento), sin hablar palabra.” Olivera no pude ni mencionar la palabra muerte. “Mi hijo era mi esperanza y los otros chicos lo eran de sus familias. A la edad que tengo yo, lo necesito, para que me alcance un pedazo de pan.” Hasta 1986, durante largos años, Olivera padre trabajó en la fábrica de plástico Termoplas.
Allí se jubiló, pero después siguió trabajando, ya no como operario sino como sereno. Su hijo Agustín y su amigo Oscar Aredes trabajaban en un taller, del mismo rubro, a cuatro cuadras de la Termoplas. Los Olivera son nacidos en la localidad de Las Breñas, en el sur de Chaco. Agustín era muy chico cuando llegaron a Budge. El matrimonio tuvo otros dos hijos, Francisco Alfredo, que murió por una “mala operación”, y Rubén Oscar, el más chico, que sigue viviendo en la casa de la calle Figueredo. Para don Olivera, el barrio, en materia de violencia policial, “está muy tranquilo, ya no hay indios como Balmaceda”. Lo piensa mejor y rectifica: “Indios no, pobres indios, si son más civilizados que nosotros. Este era un bestia”.
Cree que la Masacre de Budge sirvió como lección. “De acá sacaron ejemplo mucha gente, muchos barrios. Hoy no se callan la boca. En ese tiempo no se hacía nada, no sé por qué, pero no se hacía nada.” Víctor Olivera, tío de Agustín, fue testigo presencial del triple crimen. “Al pibe Willy (así lo llamaban en el barrio a Argañaraz) lo levantaron del piso y lo tiraron adentro de la camioneta de Balmaceda. Lo llevaban dos milicos y él iba a los saltos, porque estaba herido en una pierna. Balmaceda, cuando Willy ya estaba en la camioneta, le gritó ‘quedate quieto’. Cuando lo trajeron para velarlo, tenía como 18 balazos, según dijeron los familiares.” Por eso, el tío de Agustín sospecha que Willy, el único que no falleció de inmediato, pudo haber sido “rematado por los policías; yo vi el cuerpo y tenía un balazo acá y otro acá”, dice mientras se toca el rostro con el dedo, a la altura del pómulo y de la frente.
El cuerpo de Willy fue llevado a Tucumán, de donde era su familia. Al comienzo, la policía intentó hacer pasar el caso como un enfrentamiento con supuestos delincuentes. La presión de los familiares y de los abogados Ciro Anicciarico y León Zimerman (ver notas aparte), entre otros, llevó a la realización de dos juicios orales. El primero se hizo en mayo de 1990. En esa ocasión, Balmaceda y Miño fueron condenados a cinco años de prisión y Romero a 12 años. En los dos primeros casos se impuso la figura de “homicidio en riña”, más benigna que la de homicidio simple. El primer juicio fue anulado por la Corte Suprema y el segundo fallo, del 24 de junio de 1994, terminó con penas de 11 años de prisión para los tres policías, que siguieron prófugos durante largo tiempo.
María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), opinó que Budge fue “la primera experiencia de organización barrial para exigir justicia en un caso de violencia represiva puntual”. Consideró que junto con la movilización en torno del crimen de Agustín Ramírez, ocurrido en 1988 en San Francisco Solano, y el caso de Walter Bulacio, que murió después de ser detenido por la Policía Federal, “Budge integró una trilogía que sacó a la luz, en los medios, en los organismos de derechos humanos y en los partidos políticos, la gravedad que tenían los crímenes sistemáticos cometidos por las fuerzas policiales, ya en democracia”. Verdú afirmó que hasta ese momento “era muy difícil convencer a los distintos organismos u organizaciones políticas de que el chico de supuesto ‘frondoso prontuario’ del que hacía exhibición la policía era en realidad una víctima del gatillo fácil”.
“Estos tres casos provocaron movilizaciones masivas, con participación de estudiantes, partidos políticos y organizaciones sociales. Así, el reclamo por la represión policial dejó de ser una movida barrial enclaustrada en la periferia. Por Bulacio salieron a la calle diez mil pibes y toda esa movilización fue la que generó el surgimiento de Correpi”, sigla que surgió de juntar dos palabras: “Corré, pibe”. A veinte años de la Masacre de Budge, el barrio parece más tranquilo, aunque la violencia policial siempre reaparece. “Algo hicimos, aunque la muerte no se repara con nada”, dice Olivera con los ojos fijos en la fotografía de su hijo Agustín con una pelota de fútbol sobre el pie derecho.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-84543-2007-05-06.html
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Un caso emblemático de la Maldita Policía
En enero de 1994, doce policías bonaerenses acribillaron a balazos a cuatro hombres desarmados. Una jueza los procesó, pero luego fueron sobreseídos. La familia de una de las víctimas apeló y la Corte ordenó investigar a dos efectivos.
La Suprema Corte bonaerense ordenó reabrir la causa en la que se investiga la llamada Masacre de Wilde, en la que cuatro personas fueron acribilladas por la Policía Bonaerense, en enero de 1994. El máximo tribunal de la provincia revocó así los sobreseimientos dictados a favor de dos de los imputados y frenó el cierre de la causa, al entender que se trató de “una grave violación de los derechos humanos”, que debe ser investigada.
El fallo, que se dio a conocer ayer, tiene las firmas de los jueces Héctor Negri, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters e Hilda Kogan. De esta manera, la Corte dejó sin efecto los sobreseimientos del ex suboficial Pablo Dudek y el ex oficial Julio Gatto, ambos señalados como los coautores del asesinato del librero Edgardo Cicutín, una de las cuatro víctimas.
El 10 de enero de 1994, a las tres de la tarde, doce efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús salieron en busca de un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo, en donde, decían, viajaba un grupo de delincuentes. Los agentes, vestidos de civil y a bordo de cinco autos particulares, interceptaron, en primera instancia, al Peugeot y dispararon más de 200 tiros contra sus ocupantes: el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza. Los tres fallecieron en el acto. El Dodge escapó, pero la policía fue en su busca y se encontró con un auto de similares características, en donde viajaban los vendedores de libros Edgardo Cicutín y Claudio Díaz. Cicutín recibió siete disparos, mientras que Díaz se salvó de milagro. La policía explicó después que se trató de un error: buscaban a los ocupantes de otro Dodge, en donde viajaban tres hombres que fueron detenidos minutos después.
Los policías acusados por las muertes de Corbo, Bielsa y Mendoza –los tres que viajaban en el Peugeot– fueron el comisario César Córdoba; el subcomisario Roberto Mantel; los oficiales Hugo Reyes, Marcelo Valenga, Raúl Lohidoy, Eduardo Gómez; Julio Gatto, y los suboficiales Marciano González, Osvaldo Lorenzón, Carlos Saladino y Pablo Dudek. Por el homicidio de Cicutín fueron acusados sólo los efectivos Dudek y Gatto, a quienes ahora la Corte les revocó el sobreseimiento definitivo. El suboficial Marcos Rodríguez, por su parte, otro de los señalados por la Justicia, se escapó, al día siguiente de la masacre, caminando, desde la seccional donde estaba detenido y hasta hoy nada se sabe de él. Su foto y su nombre no aparecieron en el listado de los “delincuentes más buscados” de la provincia, por los que se ofrecía recompensa, difundido por el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense.
En un primer momento, la policía dijo que se trató de “un enfrentamiento armado”, aunque las pericias balísticas realizadas por la Gendarmería revelaron que las víctimas no llevaban pistolas y que dos de los fusilados fueron rematados fuera de los vehículos. Además, los efectivos argumentaron que seguían a Mendoza y Bielsa porque eran integrantes de una organización dedicada al robo de entidades bancarias.
El 6 de febrero de 1994, los once policías fueron detenidos y procesados por la jueza en lo Penal de Lomas de Zamora, Silvina González. A su vez, la magistrada dictó el procesamiento para el prófugo Rodríguez. La magistrada estableció que no existió enfrentamiento y que sólo los efectivos abrieron fuego.
Pero más tarde la causa cambió de juzgado y fueron liberados y sobreseídos los implicados, en una resolución firmada por el juez de Instrucción Emilio Villamayor. El 23 de noviembre de 1994, la Sala I de la Cámara Penal de Lomas de Zamora ratificó esa decisión. En junio de 1995, finalmente, Villamayor, a instancias del tribunal superior, ordenó archivar la causa.
Ante el sobreseimiento definitivo de Gatto y Dudek, los familiares de Cicutín apelaron con recursos extraordinarios de “inaplicabilidad de ley” y de inconstitucionalidad. “Se trata de un cuádruple homicidio agravado, un caso de ejecución extralegal múltiple, constitutivo de grave violación de los derechos humanos. También un delito de lesa humanidad, y luego de privación de justicia ejercida por funcionarios y organismos oficiales mediante la implementación de un mecanismo de desnaturalización del proceso de investigación y ocultamiento de pruebas, irregularidades sobre las cuales después se dispuso el cierre definitivo de la investigación por vía de sobreseimiento”, sostuvieron los familiares de Cicutín en su apelación.
Ahora, el máximo tribunal bonaerense hizo lugar al planteo para evitar que se concrete el cierre de la causa y el sobreseimiento definitivo de dos de los implicados en el homicidio de Cicutín.
Para la Corte bonaerense, “se impone extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables”.
De acuerdo con los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a la obligación estatal de investigar, la Corte provincial ordenó que “se lleven a cabo las comprobaciones necesarias para procurar la identificación y sanción de los responsables del hecho”.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-234855-2013-12-03.html
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“Caímos por estar parados”
Por María del Carmen Verdú
Walter Bulacio tenía 17 años. Cursaba 5º año del secundario en el Colegio Nacional Rivadavia. Era estudioso, y le gustaba escribir cuentos. Era fanático de San Lorenzo y de los Redondos, y estaba pensando en ser abogado. Sabía que sus padres no podían pagarle el viaje de egresados, por eso había conseguido un trabajo como “caddie” en el campo municipal de golf.
Un día de junio de 1991, a las 8 de la mañana, el juzgado nos notificó que estaba todo dispuesto para trasladar a Walter al cementerio de Gral. Villegas. Después de varias semanas de trámite, habían aceptado nuestro pedido de proveer una ambulancia pública, porque un servicio privado cobraba lo mismo que ganaba su padre en un mes.
Su abuela y yo éramos las únicas que estábamos a esa hora en el centro de la ciudad. Nos encontramos en la comisaría 5ª y fuimos juntas a la morgue. Un atildado subcomisario, cuyo apellido, en el colmo del oxímoron, era Lacana, nos informó que “por razones de procedimiento” era imperativo reconocer el cuerpo antes de cerrar el féretro. Ésa fue la única vez que lo vi, después de la segunda autopsia para la que fue exhumado tras cuarenta días en la tierra. Un cuerpo adolescente, que tres meses antes era el mimado de su abuela, yacía descarnado en un cajón ordinario de pino. ¿Cómo empezó todo?
El 19 de abril de 1991 Patricio Rey y los Redonditos de Ricotta tocaban en el estadio Obras. Un grupo de chicos de Aldo Bonzi alquiló un micro, porque resultaba más barato que viajar en colectivos de línea. A las 9 de la noche llegaron al barrio porteño de Núñez. Los que tenían entradas compradas de antemano se pusieron en la cola. Los que no las habían sacado, se desesperaron al saber que estaban agotadas.
Walter tenía la plata que le había dado la abuela para comprar la entrada. Con un amigo dio un par de vueltas, tratando de encontrar un “reventa”. La cosa pintaba pesada, con un operativo policial inmenso. Muchos celulares, patrulleros y colectivos apostados, esperando la orden de empezar a cazar. Los chicos no se resignaron a perderse el recital. Rodeando la reja del Club Obras Sanitarias encontraron un hueco por donde entrar. Apenas unos minutos después volvían hacia la calle y eran subidos a los colectivos a palo limpio por personal policial. Seguramente ni Walter, ni el centenar de detenidos, ni los policías, ni los seis mil adolescentes que se agolpaban en las inmediaciones del estadio, suponían que empezaban a protagonizar lo que perduraría en la memoria argentina como “El caso Bulacio”.
Nada diferenciaba ese operativo de las “razzias” que las policías provinciales o la policía federal realizan a diario en recitales o partidos de fútbol en todo el país, deteniendo arbitraria e indiscriminadamente miles de personas por año. Al enorme despliegue de efectivos uniformados, apoyados por patrulleros, camiones de la guardia de infantería e hidrantes, se sumaban las brigadas antimotines, las de la división canes y los colectivos de línea, requisados de la empresa varias horas antes. Un operativo semi privatizado, contratado por la organización del espectáculo a través del mecanismo de “servicios adicionales”.
Aproximadamente un centenar de chicas y chicos fueron detenidos. Sólo setenta y tres de ellos fueron anotados en los libros de la Comisaría 35ª, con jurisdicción en la zona y a cargo del jefe del operativo, comisario Miguel Ángel Espósito. Las detenciones se produjeron entre quienes estaban “aglomerados” a las puertas del estadio, como explicaría el propio Espósito más tarde, y en algunos bares de la zona que -supimos después- eran remisos a colaborar con la cuota “voluntaria” exigida por la “cooperadora policial”. Un ex policía, oficial en la 35ª a la fecha del suceso, relataría, años después, ante la jueza María Cecilia Maiza, que, para “matar dos pájaros de un tiro”, el comisario decidió aprovechar el servicio contratado por los Redondos para “tumbar” al bar Heraldo Yes, que hoy ya no existe, cuyo propietario se negaba a hacer aportes económicos “espontáneos” a la “taquería”.
Casi todos los clientes que estaban en ese comercio fueron detenidos en forma personal por el comisario Espósito, quien explicó esas detenciones en sede judicial diciendo que “en algunas mesas había botellas de cerveza”, por lo que procedió a los arrestos “para prevenir los males mayores acarreados por la ingesta de bebidas alcohólicas”. No había un solo menor de 18 años entre los parroquianos del Heraldo Yes, ni se labró una sola actuación contravencional por “ebriedad” esa noche en la comisaría.
El traslado de los detenidos a la comisaría fue hecho en los colectivos gentil y gratuitamente cedidos por la empresa de transporte de pasajeros MODOSA, con terminal en la zona, en cuyos talleres los uniformados recibían también, según consta en el expediente, atención mecánica sin cargo para los patrulleros. No hay constancia de qué tipo de contraprestación obtenían a cambio de esos favores los dueños de la empresa de colectivos…
Durante los traslados se produjeron todo tipo de incidentes protagonizados por los efectivos policiales y los civiles detenidos. Un joven de poco más de 20 años increpó a un policía, señalándole -erróneamente- que ambos eran, en definitiva, trabajadores. El indignado uniformado la arremetió a golpes contra el muchacho, que logró escabullirse de los machetazos saltando por la ventanilla abierta del colectivo. A las pocas cuadras fue nuevamente apresado, y arrastrado de vuelta al vehículo. Hay constancias en la causa de que este joven, obrero ferroviario, volvió a ser salvajemente golpeado en los calabozos del subsuelo de la comisaría 35ª. Lo acreditan varios testimonios de quienes creyeron luego que se trataba de Walter. A la mañana del día siguiente fue revisado por la Dra. María Esmeralda Giacchino, médica de guardia del Hospital Pirovano, quien concurrió a la comisaría a pedido del comisario. El golpeado muchacho le pidió que labrara un acta dejando constancia de sus múltiples lesiones, a lo que la profesional se negó. Minutos después de que la Dra. Giacchino conversara a solas con el comisario, el ferroviario fue dejado en libertad, con la expresa advertencia de que no volviera a aparecer por la zona. La Dra. Giacchino volvería a la comisaría unas horas más tarde para atender a Walter.
Cuando fue citada a declarar en el juzgado, la médica omitió relatar este primer episodio, que fue conocido a través de los testimonios de quienes ocupaban los calabozos y del propio afectado. Sólo dijo que concurrió a las 9 de la mañana para asistir a un joven “con un pequeño problema”. Ello le valió la promoción, por denuncia nuestra, de una causa por falso testimonio. El damnificado, cuyo nombre reservamos ya que nunca quiso hacer pública su historia por temor a represalias, no se constituyó en querellante en la causa y la médica fue sobreseída poco después por el juez Andina Allende.
A medida que los cargamentos de detenidos llegaban a la 35ª, los muchachos eran amontonados en la guardia y salas adyacentes. Algunos de los detenidos exhibían a los policías la entrada para el recital, asumiendo con naturalidad que la policía tenía “derecho” a detener a los que no las tenían. Varios de los que declararon ante los sucesivos jueces de la causa recordaron que había una chica, detenida en uno de los bares, que gritaba indignada que era la sobrina del comisario. Relataron estos testigos que los policías la pusieron inmediatamente en libertad, y, para que los perdonara por el indebido arresto, le dieron un par de entradas sustraídas a otros detenidos. Nunca pudimos constatar la identidad de esa muchacha, y si realmente era pariente de Espósito, pero la mención aparece en media docena de testimonios de personas que no se conocían entre sí, entre ellos los dueños de las entradas que se consideraron damnificados por hurto.
A lo largo de varias horas, los detenidos fueron lentamente “clasificados” por edad y sexo. Los mayores de edad fueron alojados en los calabozos, y los menores -entre ellos Walter Bulacio- fueron llevados a la denominada “Sala de Menores”. Toda dependencia policial debía contar, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a la fecha, con un lugar adecuado para los menores de 18 años, diferente de una celda. Tal infraestructura, en la comisaría 35ª, estaba reducida a un eufemístico cartelito que colgaba sobre la puerta de hierro de un calabozo sin ventanas, con una silla por único mobiliario. Allí fueron encerrados once menores de edad aquella fría madrugada de abril de 1991.
Nos llamó la atención, cuando pudimos ver los libros de la comisaría, que los menores eran, de acuerdo al horario de ingreso, los últimos que habían sido detenidos. Sin embargo, los testigos coincidían en que el grupo en el que estaba Walter fue de los primeros en “caer”, alrededor de las 21:30. La explicación llegó muchos años después, cuando el controvertido ex policía Fabián Sliwa relató ante la jueza que “los menores fueron dejados para el final, anotando primero los mayores”, para “ganar tiempo” y no tener que labrar expedientes.
Sliwa también nos iluminó acerca del método elegido para decidir qué causa de detención se anotaba en relación a cada detenido. “Era un ping-pong”, dijo. “El oficial me decía ‘a este ponele ebriedad, a aquél para identificar’. Donde dice una cosa podría decir la otra.”.
Una vez tomados los datos personales -fue Sliwa quien los anotó durante gran parte de la noche- los menores fueron llevados de a uno por el largo pasillo que conduce a la sala de menores. Según el ex oficial “arrepentido”, el comisario Miguel Ángel Espósito, enojado con su personal porque se habían excedido en el número de detenidos y ya de madrugada “la comisaría era un despelote” y él no se podía ir a dormir, descargó su ira golpeando a Walter en la cabeza con el machete reglamentario del agente Atienza, mientras éste y el sargento Paloschi lo llevaban por el pasillo.
Los chicos que compartieron el calabozo con Walter contaron que, desde que lo entraron, se quedó muy quieto en un rincón. Tenía frío y estaba muy asustado. Era la primera vez que lo detenían. Por eso, o porque no lo veían bien, le dieron la única silla. Los demás, quizás con más experiencia, se tiraron en el piso e intentaron dormir. Con la naturalización que deliberadamente genera el atropello cotidiano, optaron, en sus propios términos, por “quedarse tranqui”. La expresión aparece textualmente en una decena de testimonios de los pibes que, preguntados si querían instar la acción penal por privación ilegal de la libertad u otros delitos, contestaron “no”. A medida que pasaron las horas los padres empezaron a llegar a la comisaría a buscarlos, una rutina familiar para muchos.
Al amanecer, sólo Walter y otros dos menores quedaban en la celda. Walter no estaba bien. No podía pararse y hablaba con dificultad. Cuando vomitó, los chicos empezaron a llamar a la guardia. Un rato después los policías llevaron a Walter a la oficina de guardia, donde volvió a vomitar. Uno de sus compañeros de encierro fue obligado a limpiar el piso y a lavar el trapo que usó.
Alrededor de las 11 de la mañana, llegó la ambulancia con la misma doctora Giacchino que había estado más temprano en la comisaría. Minutos después, sin notificar a los padres ni al juez de menores de turno, Walter era internado de urgencia en el Hospital Pirovano.
Mientras tanto, en Aldo Bonzi, la madre de Walter estaba tranquila. Su hijo le había dicho que, como el recital terminaría tarde, iría directamente a trabajar al club de golf, donde entraba a las cinco de la mañana, y volvería a su casa por la tarde. Cerca del mediodía fue liberado el muchacho que tuvo que limpiar el vómito. Ni bien llegó a Aldo Bonzi mandó a su hermana para que avisara a los padres de Walter. Así se enteró Graciela Scavone de Bulacio, la tarde del sábado 20 de abril de 1991, que su hijo estaba detenido en la comisaría 35ª desde la noche anterior.
Graciela y Víctor Bulacio llegaron al barrio de Núñez cerca de las siete y media de la tarde. “Su hijo está internado, porque estaba borracho y drogado”, les dijeron. Corrieron al Hospital Pirovano, pero Walter había sido trasladado al Fernández para sacarle una radiografía, porque el aparato de rayos equis del primero no funcionaba. Cuando llegaron al hospital de Palermo, ya había sido devuelto al Pirovano. Poco antes de las once de la noche, veinticinco horas después de su detención, Graciela y Víctor vieron a su hijo.
“¿Te pegaron negrito?”, contó Víctor que le preguntó. Walter, que ya no hablaba, inequívocamente asintió con la cabeza. Al llegar al Hospital Fernández, sin embargo, todavía articulaba palabras. Cuatro años después, citado como testigo en la causa civil, el Dr. Fabián Vítolo repitió ante el Juzgado en lo Federal Civil y Comercial nº 2 su diálogo con el joven paciente. “Respondía órdenes y preguntas simples, entonces le pregunté si le habían pegado en la cabeza, y dijo que sí. Cuando le pregunté quién le había pegado, dijo LA YUTA”.
El Dr. Vítolo ya había declarado dos veces ante la instrucción penal entonces a cargo del Dr. Víctor Pettigiani, la primera en 1991. Consta en el expediente civil que en ninguna de esas oportunidades dijo que había hablado con Walter “porque no se lo preguntaron, y no sabía qué quería decir ‘yuta’”…
El domingo 21 de abril al mediodía, Walter fue trasladado, a pedido de sus padres, al Sanatorio Mitre, incluido en la cartilla de su obra social. Lo acompañaba un certificado del Dr. Tardivo del Pirovano informando “golpes faciales varios de 36 horas de evolución”. Hacía un día y medio que había entrado a la comisaría.
Los días siguientes fueron agitados en el sanatorio. A los padres y a la abuela de Walter se sumaron el resto de la familia, los amigos y compañeros del colegio. No tardaron en llegar los medios, que cubrieron ampliamente la agonía del “estudiante detenido en un recital de rock”. El comisario Espósito, vestido con ropas deportivas, se encargaba personalmente de empezar a construir su defensa, sugiriendo al vecino de Aldo Bonzi, aquel que limpió el vómito, “que no se olvidara que en la comisaría los trataron bien”.
El 26 de abril de 1991, una semana después de su detención, Walter Bulacio murió. Desde entonces, el operativo del 19 de abril de 1991 en el estadio Obras dejó de ser una razzia más entre tantas, para convertirse en “la noche que se llevaron a Walter”. En la comisaría, quedó el graffiti rudimentariamente grabado en la pared de la sala de menores: “JORGE, WALTER, KIKO, ERIK, LEO, NICO, NAZARENO, BETU Y HECTOR. CAIMOS POR ESTAR PARADOS. 19/4/91”.
https://juiciowalterbulacio.wordpress.com/quepasoconwalterbulacio/
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Masacre de Pompeya: la Corte Suprema absolvió a Fernando Carrera
La Corte Suprema de Justicia absolvió a Fernando Carrera, condenado a 30 años de prisión por un robo que no cometió y por matar a dos mujeres y un niño con el auto luego de que la policía le disparara más de 25 veces en una persecución, pensando que era un ladrón que escapaba.
Luego de varias y severas irregularidades en la causa, con complicidad de los oficiales, la Justicia lo condenó a 30 años y luego a 15 pero la Corte lo dejó en libertad en 2013 aunque sin declararlo inocente, hasta hoy. El hecho ocurrió el 25 de enero de 2005.
El caso se popularizó a través del cineasta Enrique Piñeyro, quien filmó el documental Rati Horror Show donde contó las arbitrariedades de la investigación que lo llevaron a estar más de siete años preso condenado por "robo agravado por su comisión con armas de fuego" y "homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas" en concurso real con "portación de arma de guerra" sin licencia.
Algunas de las irregularidades de la causa fueron que el testigo de la policía, Rubén Maugeri, era el presidente de la Cooperativa de la Comisaría 34. Además, el hombre que sufrió el robo que desencadenó la persecución policial declaró en el juicio que las personas que lo asaltaron iban arriba de un Fiat Palio blanco y no de un Peugeot 205 como el que manejaba Carrera.
Asimismo, en la rueda de reconocimiento ningún testigo señaló a Carrera como la persona que había cometido el robo y durante el juicio nadie declaró haber visto a Carrera disparar un arma. La Justicia no le dio importancia.
El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco (en disidencia), Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
A criterio de la Corte, la sentencia apelada "no satisface el derecho del imputado a que su condena sea revisada de conformidad a los mandatos que derivan de la mencionada presunción de inocencia". No obstante, se añadió, correspondía que la causa "sea devuelta para una nueva decisión".
Todo ocurrió en el mediodía del 25 de enero de 2005, cuando dos mujeres y un nene de seis años cruzaban la avenida Sáenz, en el barrio porteño de Pompeya, en el semáforo de la calle Esquiú, y fueron embestidos por un auto que manejaba Fernando Carrera.
Según Carrera, la policía lo confundió con un ladrón al que estaban buscando y un grupo de efectivos policiales vestidos de civil que manejaba un Peugeot 504 negro sin ningún tipo de identificación policial intentó detenerlo a los tiros y lo balearon.
Herido e inconsciente, Carrera manejó tres cuadras en contramano, atropelló a las víctimas (que murieron), chocó contra otro vehículo y fue nuevamente baleado por la policía. Según su versión, para tapar el error la policía le armó una causa, inventó un robo y "plantó" un arma en su auto.
https://www.infobae.com/sociedad/2016/10/25/masacre-de-pompeya-la-corte-suprema-absolvio-a-fernando-carrera/